Chile rechaza la política sobre inmigración de UE
Los Estados que componen el MERCOSUR, entre ellos Chile, cuestionaron con dureza la política de inmigración aprobada por el Parlamento Europeo, y criticaron que la medida haya sido generada por naciones tradicionalmente generadoras de corrientes migratorias.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet dijo: “se debe exigir a la Unión Europea un trato justo para los emigrantes, especialmente a los latinoamericanos, por la historia de absorción de europeos que carga la región".
La Cancillería de Chile, por su parte, indicó que también que el Gobierno de Michelle Bachelet "lamenta" la aprobación de un nuevo plan migratorio europeo y que considera que viola los derechos fundamentales al criminalizar a los inmigrantes ilegales.
En el comunicado, Chile además "reclama un tratamiento justo y humanitario en favor de los inmigrantes en la Unión Europea, en correspondencia con el trato generoso y abierto que Chile y el resto de América Latina han brindado tradicionalmente a los nacionales europeos en sus territorios".
"El documento final del encuentro en Tucumán cuestiona a los países europeos por “no reconocer el principio de reciprocidad histórica'. Es una fórmula más suave que algunas propuestas en las que se preveían medidas de represalia", apuntó el rotativo.
En la declaración, los países del Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y Venezuela, así como sus asociados, Chile y Bolivia- "reafirman su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias".
Los derechos de las personas deben ser garantizados "independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad", añade el texto, a la vez que destaca "la necesidad de reconocer el principio de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios".
La medida "va en sentido contrario al de una deseada superación de las trabas a la libre circulación de personas y de una más amplía y plena convivencia entre los pueblos", añade.
Bajo esta regulación se les somete "a procedimientos que pueden lesionar sus derechos básicos y que vulneran el principio de reunificación familiar consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos", agregó el texto.